Aura Celeste tras curul CD por fortalecimiento institucional

Luego de una dilatada carrera en la administración pública y académica, Aura Celeste Fernández asegura tener la experiencia y la vocación de servicio para seguir aportando al país, ahora desde el Congreso Nacional. En ese contexto, aspira a ocupar una curul en representación de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Alianza País (AlPaís) para constituirse en la voz disidente que enfrente con gallardía a esa “clase política que solo va al Estado a negociar y enriquecerse”.
Desde su óptica el Poder Legislativo se ha convertido en el sello gomígrafo de las iniciativas del Poder Ejecutivo, lo que entiende debe acabar, ya que se trata de poderes independientes.
La experimentada profesional del derecho asegura que cada uno tiene que asumir su rol y enfocarse, además de crear las leyes que requiere la nación, en fiscalizar las instituciones del Estado para evitar actos dolosos que atentan contra el dinero del pueblo.
“El país está cada vez más desmoralizado, hay más pobreza, más desempleo y ahora con la pandemia del covid-19 se han profundizado todos los males”, lamentó y precisó que es necesario acabar con la política clientelar, que considera denigrante.
De ser favorecida con el voto, su propuesta estará enfocada en el fortalecer la democracia y la institucionalidad; garantizar que se respeten los derechos de los niños, y adolescentes; lograr una cuota equitativa de participación de la mujer; y fortalecer la seguridad ciudadana, la seguridad social y el sistema de salud.
Aboga por la independencia del Ministerio Público para garantizar una real lucha contra la corrupción. De igual forma, asegura se enfocará en adecentar la función legislativa con la eliminación del cofrecito, el barrilito, las exoneraciones y el clientelismo.
Con relación a las leyes de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos (33-18) y Orgánica de Régimen Electoral (15-19), dijo que a pesar de permanecer 16 años en el Congreso terminaron siendo defectuosas: en el caso de la primera ha recibido bastantes modificaciones por el Tribunal Constitucional y no resolvió los problemas de inequidad que dominan los procesos electorales ni estableció efectivos controles en el uso de los recursos públicos por los candidatos oficialistas ni sobre el origen de la financiación y, por consiguiente, “lamentablemente, no asegura procesos electorales transparentes y equitativos y apegados a la legalidad electoral, como la sociedad y el más básico sentido común demanda”. Someterá reformar ambas leyes.
En torno a la seguridad social, impulsará una reforma integral y estructural de la Ley 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social. Contrario a lo que dispone la Constitución, el sistema de seguridad social vigente no garantiza el acceso a un sistema de salud de calidad, pues las coberturas son insuficientes. Por otro lado, aunque los fondos de pensiones alcanzan un 5% del PIB, la proyección que se tiene de las pensiones de los afiliados es de las peores en América Latina.
A su entender, el modelo de seguridad social dominicano es privatizador, mercantilista y no se pauta por criterios de solidaridad. “Hay que transformar en lo profundo este sistema para que incluya la supresión de las ganancias inequitativas que actualmente tienen las AFP, para que se garanticen pensiones dignas a los trabajadores, así como también, la cobertura universal de la seguridad social”, dijo.

Fernández impulsará la asignación del equivalente al 5% del PIB para el sistema de salud pública.
Sobre la seguridad ciudadana, dice que promoverá una modificación integral de la ley de la Policía, en especial para desmilitarizarla y convertirla en un cuerpo civil y transparente, que tenga que hacer rendición de cuentas.

Su experiencia
Fue miembro titular de la Junta Central Electoral (octubre 1994- mayo 1997); coordinadora del Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia, con rango de secretaria de Estado (1997–2000); miembro y secretaria general de la Comisión para la Definición, Ejecución y Supervisión de la Política Penitenciaria Nacional (1998-2000); miembro de la Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar. Miembro de la Comisión Redactora del Estatuto del Ministerio Público, de cuyo ante proyecto es coautora. Jueza de la Cámara Contenciosa (Tribunal Electoral), de la JCE, desde 2006 hasta agosto de 2010.