Fuerza del Pueblo solicita medidas cautelares contra Gonzalo Castillo

El Partido Fuerza del Pueblo (FP) solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) medidas cautelares urgentes contra el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, por el uso de bienes de origen ilícitos para financiar su campaña, mediante la corporación de Helidosa Aviation Group.

Según un comunicado de prensa, Franklin Almeyda Rancier y Manuel Crespo, representante del candidato presidencial de la FP y delegado político, respectivamente, pidieron ordenar el cese de las operaciones de la referida empresa, y la sociedad fusionada por absorción de Aeroambulancia, mientras dure el actual proceso electoral, ya que fue comprobado que está financiando de manera fraudulenta la candidatura oficialista.

“Dicha empresa es receptora de fondos públicos con los cuales ha realizado múltiples inversiones en aeronaves y otros activos, estimados actualmente en la suma de tres mil cuatrocientos setenta millones quinientos mil pesos (RD$3, 470, 500,000.00), las cuales están siendo utilizados para la dicha candidatura presidencial, en franca violación de la Ley, Orgánica de Régimen Electoral 15-19 conforme lo expuesto en esta instancia”, sostienen.

Solicitan que sea declarada de extrema urgencia el conocimiento de la solicitud de medidas cautelares en contra de candidato oficialista con base en los principios de transparencia, publicidad y simplificación, indica el comunicado.

La FP también pide al organismo comicial el cese de la publicidad, contribución o aportes de cualquier naturaleza, por intervención o uso de la sociedad comercial Helidosa Aviation Groupo a favor del Castillo.

“Al haberse comprobado que hasta la fecha se ha destinado aproximadamente la suma de RD$2,550 millones de pesos, la cual rebasa los límites impuestos por la Ley 15-19 y la Resolución regulatoria adoptada por la JCE, contenida en el Acta Núm. 26-20, de fecha 17 de marzo de 2020”, manifiestan.

En la instancia el representante del candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y el delegado político de la organización reclaman a la JCE ordenar que la decisión a intervenir sea ejecutada, no obstante impugnación o cualquier recurso que se interponga contra la misma, concluyen.