Poder Judicial y Ministerio Público se pelean como “dos viejas chismosas”

Las deshumanizantes imágenes de unos 60 reclusos hacinados por varios días en un bus-cárcel en las afueras del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este han puesto a la defensiva tanto al Poder Judicial como al Ministerio Públicos. Ambos, órganos del sistema judicial dominicano.

Una vez se hicieron virales en las redes sociales y se denunciara a través de los medios de comunicación, la condición en que durante esta emergencia nacional que hay por la pandemia del coronavirus COVID-19, la Procuraduría General de la República trasladó y mantuvo a los privados de libertad que sería presentados ante los jueces de la referida demarcación, la fiscalía y la judicatura buscan la manera de ‟limpiarse la manoˮ.

“Es importante aclarar a la opinión pública que no ha sido la PGR quien ha colocado esas personas en ese lugar. Quien los ha colocado ahí, es el Poder Judicial, puesto que había una carcelita que funcionaba en el Palacio de Justicia, y el Poder Judicial la demolió, quedando esas personas sin un lugar adecuado mientras esperan por sus audiencias y/o por las resoluciones de los jueces ordenando el cumplimiento ya sea de su medida de coerción o condena en uno de los centros del sistema penitenciario”, indicó la procuraduría en un comunicado.

Luego de estas declaraciones, la judicatura respondió diciendo que la administración del sistema carcelario está fuera de sus funciones establecidas constitucionalmente, por lo que no tiene control ni responsabilidad con respecto a un camión utilizado por la Procuraduría como cárcel móvil en torno al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.

“El Poder Judicial no es responsable de la administración del sistema penitenciario ni de la presentación de personas privadas de libertad para que puedan ser presentadas por ante un juez. El Palacio de Justicia es una sede del Poder Judicial, no del Ministerio Público”, indicó.

Como si esto fuera poco y aparentemente sin buscar una salida alternativa a la situación que viola los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, la Constitución de la República, la Convención Americana de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, este domingo, el fiscal titular de esa demarcación, Milciades Guzmán, informa a la opinión pública, que que los imputados que se encuentran recluidos en el camión que funciona como cárcel móvil, se encuentran lamentablemente en dicho lugar temporal porque el Poder Judicial demolió, sin previo aviso, la cárcel preventiva, dejándolos sin un lugar donde permanecer mientras esperan el conocimiento de las audiencias o las resoluciones de los jueces ordenando el cumplimiento de medida de coerción o condena en uno de los centros del sistema penitenciario.

Guzmán, afirma que solicitó al Poder Judicial a través de la Procuraduría Regional de Santo Domingo la autorización para la construcción de una nueva cárcel preventiva en el mismo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este para sustituir la anterior que se encontraba en mal estado y en tal sentido dijo que enviaron una propuesta para construir una nueva carcelita a costo total de la PGR y todavía esa institución a cargo de la administración de los palacios de justicia del país, donde funciona ese tipo de cárcel, no le ha dado respuesta sobre la autorización.

La defensora del pueblo, Zoila Martínez Guante, solicitó al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solucionar con la mayor urgencia, la situación de hacinamiento en la que se encuentran decenas de privados de libertad en el autobús ubicado en el Palacio de Justicia.

Martínez Guante recomendó realizar las pruebas del COVID-19 a esas personas, a fin de salvaguardar el derecho a la salud tanto de los privados de libertad como del personal administrativo.